Perú Condena histórica de la Corte IDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGB

Corte Interamericana concluye que el Estado peruano torturó a ciudadana trans

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado peruano como responsable de discriminación, tortura y violación sexual de la ciudadana trans Azul Rojas. Esta sentencia marca un precedente histórico de reconocimiento a los derechos de las personas trans en el país al ser el primer caso de discriminación hacia una persona LGBTI en llegar a la Corte IDH.

Azul fue insultada, golpeada y desnudada a la fuerza por agentes de la policía en la comisaría de Casa Grande (La Libertad) en febrero de 2008. Incluso le introdujeron una vara de reglamento por el recto para torturarla. Once años después, ninguno de sus agresores ha sido sancionado aún.

Su caso fue llevado a la instancia internacional por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que trabaja para erradicar la trata de personas.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado peruano de no haber investigado con la debida diligencia la denuncia. Además, recomendó adoptar una serie de medidas para reparar el daño sufrido por Azul, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió, por lo que el caso pasó a la Corte IDH.

Reparación pública

La sentencia de la Corte IDH, emitida el 12 de marzo de este año, fue por unanimidad y, dispone una serie de medidas concretas para reparar el daño causado a Azul Rojas y que el Estado debe cumplir para garantizar la protección de las personas trans en el Perú.

Entre las medidas dispuestas resaltan: Investigar y sancionar a los responsables de la tortura perpetrada contra Azul, pedir disculpas públicas a la agraviada y, en este mismo acto, reconocer que se ejerció tortura y se vulneraron los derechos humanos de la ciudadana trans.

Además, el Estado deberá crear un protocolo de investigación y administración de justicia para los casos de personas LGBTI que sean víctimas de violencia, implementar un plan de capacitación y sensibilización de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Serenazgo.

De la misma forma, deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre los casos de violencia contra personas LGBTI y eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos peruanos el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis”, por ser altamente discriminatorio y exacerbar la discriminación a la ciudadanía que es parte de la diversidad sexual.

Wayka

Comunicado de la CIDH: Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales

En la sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín, cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada.

Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias, fue desestimada, ordenando el archivo del expediente.

En su sentencia, la Corte reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención.

La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria.

El Tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual, y fue víctima de violación sexual; constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura.

A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías y protección judicial.

En su Sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso.

En este caso la Corte determinó diversas medidas de reparación.

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La composición de la Corte para esta Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Presidenta; Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Vicepresidente; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eduardo Vio Grossi (Chile) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor.

CIDH

Organizaciones exigen medidas que protejan a personas trans durante tránsito restringido

La nueva medida de tránsito restringido por género que dictó Martín Vizcarra, puso los derechos de la ciudadanía transgénero en el centro del debate público. Si bien el Presidente aseguró que se respetaría la identidad de género de las personas trans, durante el primer fin de semana con esta medida, se registraron varias detenciones arbitrarias y violencia policial contra mujeres transgénero.

Esta situación de riesgo par la comunidad trans ya había sido advertida por las organizaciones que velan los derechos LGBTI y que advirtieron que son necesarios mecanismos concretos de denuncia ante actos de transfobia por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, así como, disposiciones concretas y explícitas sobre el respeto a la identidad de género, pues lo dicho por el Presidente de que son un «gobierno inclusivo» no debe quedar solo en palabras.

Leyla Huerta, directora de Féminas, organización de mujeres trans, considera que “los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas no están preparados para afrontar esta medida” y que más bien podría institucionalizar la transfobia.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no están sensibilizadas con la problemática trans. Existen muchas denuncias previas de abuso de autoridad que lo demuestran”, alertó la organización en un pronunciamiento público.

Joshua Aleko@JoshuaAleko

NUEVO ACTO TRANSFOBICO Exigimos severas sanciones públicas Sres #CarlosMoranSoto @MininterPeru @MartinVizcarraC @PoliciaPeru Cumplan con su posición inclusiva y de respeto @mholperu @cnddhh @ronaldgamarra @SofiaCarrilloZ @amnistiaperu @julioarbizu @ArgollaTV @spaciolibre @pavese

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1:58 - 6 abr. 2020

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El pasado jueves, luego de dictada la medida de tránsito restringido, el ministro de Defensa, Walter Matos, aseguró que los efectivos cumplirían con el respeto a la personas trans y que no pedirían DNI, pues este documento no contempla la verdadera identidad de la comunidad trans.

“No creo que haya problema porque acá no se va verificar su sexo, sino su apariencia. Si está vistiendo como una mujer, lo vamos a respetar como tal y si está vistiendo como varón, lo vamos a respetar”, precisó en una entrevista radial. Mientras declaraba, en redes sociales un miembro de la Fuerza Aérea se negaba a cumplir con el respeto a la identidad de las personas trans. “Yo haré cumplir lo que diga el DNI”, señaló en su cuenta de Twitter.

Los abusos policiales ya existían antes de la pandemia por COVID-19 en Perú. Hay dos casos de tortura policial hacia personas trans que esperan resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con las nuevas restricciones de estado de emergencia, es la comunidad trans quien se deberá enfrentar ante un escenario de violencia más complejo.

En Panamá, se aplicó esta medida de tránsito restringido por sexo y ya son varios los casos registrados de detención arbitraria. Uno de esos casos corresponde al de Bárbara Delgado, mujer trans que fue arrestada por la policía y humillada porque su cédula de identidad no consigna su verdadera identidad de género.